Por Mario Matus G. Facultad de Filosofía y Humanidades, U. de Chile

A inicios de la década de 1990 se nos dijo que se iniciaba la Transición (así, con T mayúscula), pero aún no acababa esa década cuando se nos señaló que quizás la Transición ya estaba terminando, que había que pensar en ir cerrándola porque ya no era necesario profundizar y mejorar el sistema político. Pero vino la detención de Pinochet en Londres, que nos recordó que la democracia chilena no era más que un proceso incompleto en el mejor de los sentidos, y una parodia en el peor de los casos. Luego, ya en la década de 2000, algunos se entusiasmaron más de la cuenta con los retoques de maquillaje que se le hicieron a la Constitución ilegítima del Dictador y proclamaron, una vez más, que ahora sí, la Transición había terminado. Pero a fines de esa década, hacia 2007, todavía el salario real de los trabajadores era inferior al de 1960, y los informes del PNUD mostraban cada vez más un incremento de la desafección política y un desgaste gigantesco del bloque político que anunciaba el fin de esa Transición. La década de 2010 se inició con un Gobierno de Derechas, que luego de un interregno entre 2014 y 2018, y donde se logró abolir en gran medida el sistema binominal, volvió al poder ese último año, asegurando que la gran mayoría de los chilenos pertenecían a una clase media aspiracional, a la que no le interesaban las reformas políticas, por lo que los Encuentros Ciudadanos Constituyentes impulsados por Bachelet II habían sido un mero capricho.

Pero según la Encuesta CASEN, hacia 2017 recién se había reducido la desigualdad al nivel de 1969 (Coeficiente de Gini de 0,47) y más del 60% de las familias -incluyendo una vasta clase media muy expuesta a una volatilidad laboral y de ingresos- vivía endeudada para llegar a fin de mes. Mientras, las muestras de indiferencia ante los abusos y colusiones empresariales, como ante la indefensión de la gran mayoría de la población en términos sanitarios, educacionales y en pensiones se hacían cada vez más intolerables. En el fondo, durante 3 décadas se nos hizo creer que, mediante una economía ultra concentrada, un Estado marginado a un rol subsidiario y un sistema de representación en gran medida pervertido el bienestar llegaría a una poderosa clase media emergente y aspiracional. Pero los fundamentos materiales no acompañaron esa apuesta. La mayor parte de esa clase media en rigor corría riesgo constante de caer en la pobreza y para alcanzar ciertos estándares básicos debía estar constantemente endeudándose. A su vez, el régimen político recibió todo tipo de denominaciones: “democracia tutelada”, “democracia de baja intensidad”, “democracia delegativa”. Pero ningún cientista político se animó a declararla “democracia plena”, básicamente porque apenas funcionaban los mecanismos de competencia y en gran medida los resultados electorales estaban predeterminados antes del acto electoral, lo que en gran medida arrebataba legitimidad al ejercicio de la democracia.

Por eso, el proceso que se comenzará este 25 de octubre de 2020 es lo que realmente iniciará la Transición, que siempre estuvo incompleta o relativamente abortada por sus propios gestores. Por fin podremos ver como se construye una genuina democracia, sin numerosos amarres impuestos, sin capítulos que jamás debieron haberse introducido en la Constitución Autoritaria de Pinochet, sin principios que impiden una periódica autorregulación de los mecanismos democráticos y sin la contaminación perversa de un pensamiento integrista y políticamente premoderno, al cual nunca le agradó realmente la Democracia.  Por supuesto, debe ser un documento mínimo, sin pretensiones abarcadoras que se revelan tan impracticables y espurias por su misma frondosidad. Una constitución es un documento político muy acotado, que establece principios básicos del funcionamiento de los poderes y de la convivencia política en general y en ella no deben introducirse todo tipo de posicionamientos, para los que existen códigos legales específicos que beben de ella. La nueva Constitución, a diferencia de la Constitución Pinochetista, no debe ser una super camisa de fuerza para ningún sector político ni debe pronunciarse sobre todo orden de cosas. Debe dejar espacio para que las diferentes generaciones de chilen@s que nos sucederán y las cambiantes coaliciones políticas triunfantes puedan tener un cierto margen de maniobra para hacer su propia interpretación y llevar a cabo sus proyectos con sus propios énfasis. Por eso debe desaparecer de la Nueva Constitución todo tipo de imposición dogmática que se entrometa en ámbitos que no le corresponden, como impedir el rol del Estado en áreas esenciales, o privatizar bienes que son de todos, como el agua. La Nueva constitución si debiera considerar seriamente el cambio a un régimen parlamentario o semi-parlamentario, que evitaría que un gobierno que ha perdido la gran mayoría del apoyo que lo llevó al poder deba ser derrocado por la fuerza cuando se hace notorio que el país está paralizado por el conflicto y la protesta. Con ello, bastaría simplemente con adelantar las elecciones parlamentarias, siendo la coalición vencedora la que pueda llamar a formar un nuevo gobierno. El Presidencialismo extremo chileno fue un acierto para el siglo XIX y quizás un mal menor para el XX, pero es un lastre autoritario e innecesario para el XXI.

Pero el 25 de octubre recién se inicia este Proceso Constituyente, y este requerirá ciertos principios operativos fundamentales para derrotar políticamente a sus mayores enemigos (quienes pretenden boicotearla) o a quienes, a regañadientes debieron iniciarlo y tratan solapadamente de obstaculizarlo. El primer principio es nunca olvidar que se trata de un proceso por etapas (Referéndum de apertura, constitución de órgano constituyente, deliberación y diseño constitucional que finaliza en una propuesta, y finalmente, referéndum de cierre para refrendar la Nueva Constitución), por lo que no hay que adelantar discusiones que corresponden a etapas posteriores, para concentrarse en sostener las fuerzas que permitan ir venciendo en cada etapa. El segundo principio es sostener a todo trance y en todo momento una actitud, un discurso y una praxis inequívocamente unitaria, entendiendo que todo lo que ponga en peligro el triunfo en cada etapa debe ser denunciado y derrotado políticamente. Lo que se juega es demasiado importante como para permitir que por culpa de algunos insensatos o provocadores cunda el miedo y ese 80% de los chilenos que apoya el cambio constitucional se reduzca y volatilice. Un tercer y último principio, aportado por la historia comparada de muchos procesos constituyentes, es que se requiere una permanente movilización y vigilancia ciudadana de cada una de estas etapas. Sería injusto olvidar que este proceso constituyente se debe al sacrificio de millones de chilen@s, de los cuales han muerto decenas, otros cientos perdieron sus ojos, miles fueron heridos y muchos siguen desproporcionadamente encarcelados. Pero también sería insensato entregar todo el poder de deliberación a un grupo de 155 constituyentes, vengan de donde vengan, que los lleve eventualmente a alejarse de las demandas más urgentes y que están bastante claras.

Si lo logramos, no solamente restableceremos ciertos equilibrios básicos entre los órdenes económicos, políticos y sociales al interior de nuestra sociedad y fundaremos ciertas reglas y contratos básicos para administrar pacíficamente nuestras legítimas diferencias a través de una convivencia tolerable. También haremos un aprendizaje gigantesco en términos de madurez política y no repetiremos terribles errores del pasado. Marcaremos una impronta que podrá aportar a la historia política de muchos países y dejaremos atrás una historia infausta que consideró que los únicos constituyentes legítimos eran unos pocos señores que trabajaban entre cuatro paredes. Ciertamente, no sólo iniciaremos una plena Transición, postergada durante 30 años. También gestaremos una etapa inédita en nuestra Historia Republicana, que será pletórica de valiosos aprendizajes en esferas fundamentales.