Por Sergio Grez. Entrevistado por Alicia Navarrete para El Irreverente

Estamos a pocos días de realizar la votación que permita cambiar la actual Constitución de 1980, redactada en plena dictadura cívico-militar. Las movilizaciones que comenzaron en octubre del 2019 por estudiantes teniendo su punto más alto el 18 de octubre como fecha “emblemática” permitieron que esto se instalará con fuerza en la población. Reescribir la Constitución se ha convertido en la esperanza de una población indignada y burlada por los diferentes gobiernos de turno. Para profundizar en este tema hablamos con Sergio Grez Toso, Historiador, Licenciado en Historia (1980) y Magíster en Historia (1982) por la Université de París VIII, Francia.

¿La Convención constituyente puede ser soberana/autorregularse?
El “Acuerdo por la Paz Social y la nueva Constitución” del 15 de noviembre de 2019, determinó como órgano destinado a elaborar la nueva Constitución, la “Convención mixta” o “Convención Constitucional”. Su objetivo era desviar por un camino plagado de trampas, cortapisas y limitaciones la tremenda energía social popular desatada a partir del 18 de octubre del año pasado. Las normas establecidas en la reforma constitucional impiden, en principio, la autorregulación del órgano constituyente pues le fijan de manera taxativa un quorum de 2/3 para la aprobación de cualquiera moción. Se trata de una intromisión inadmisible desde un punto de vista democrático de uno de los poderes constituidos del Estado (el Parlamento) en las atribuciones exclusivas del poder constituyente originario (la ciudadanía). Por ello, ni la Convención Mixta, ni la Convención Constitucional son órganos libre y soberanos. Lo que no quiere decir que no exista la posibilidad de transformar la Convención Constitucional – mediante la presión de grandes movilizaciones sociales y una acertada estrategia política- en un organismo libre y soberano que determine sus propias normas de funcionamiento; es decir, en una verdadera Asamblea Constituyente.

¿Qué ocurriría si la Convención Constitucional desconoce la autoridad política que enmarcó el proceso para que así el pueblo soberano sea quien decida?
Sin duda provocaría una gran conmoción, una suerte de terremoto
político, pero manejable, a mi juicio, con los instrumentos de la política y
de la movilización social. La Convención Constitucional podría respetar
el quorum de los 2/3, a condición de que todos aquellos puntos o mate
rias que no logren sean sometidos a la consideración de la ciudadanía en un
plebiscito intermedio, donde esta dirima el impasse por mayoría absoluta
de los sufragios válidamente emitidos (50% más 1). Este mecanismo -que
venimos proponiendo desde el Foro por la Asamblea Constituyente desde
2014- permitiría que, en todo momento del proceso constituyente, la
ciudadanía sea el titular efectivo de la soberanía y que esta no le sea birlada
una vez más, como desgraciadamente ha ocurrido a lo largo de toda la his
toria de Chile.

¿Cómo se podría garantizar la participación popular, de organizaciones de base?
La primera condición para lograr un proceso constituyente participativo y
democrático es mantener la movilización social, no “irnos para la casa” a
la espera de que los constituyentes arreglen el problema. Es necesario fortalecer las organizaciones populares, tanto las antiguas como las surgidas a partir del 18 de octubre, avanzando hacia niveles de mayor articulación entre ellas y presionar para que una serie de demandas populares sean satisfechas a la brevedad posible. No podemos esperar un año y medio o más, hasta la nueva Constitución, para resolver. El proceso constituyente no debe ser un pretexto para postergar indefinidamente la solución de problemas que deben y pueden solucionarse desde ya. En este sentido, se pueden levantar demandas y apoyarlas con movilizaciones sectoriales, regionales o nacionales desde distintos tipos de organizaciones, incluyendo los cabildos. Simultáneamente, las organizaciones populares podrían levantar una “Asamblea Popular Constituyente” o “Constituyente Chica” previa a la Asamblea Constitucional, no para sustituir a esta sino como un ejercicio destinado a aunar puntos de vista y elaborar contenidos para disputar con las fuerzas conservadoras la redacción de la Constitución en la Convención Constitucional.

¿Cómo se puede garantizar que las demandas populares estén reflejadas en esa asamblea?
Que las demandas populares se vean reflejadas en la Convención Constitucional dependerá de varios factores, entre ellos el tipo de delegados y delegadas que logremos elegir, y la relación que las organizaciones sociales y la ciudadanía democrática mantengan con estos representantes. La ciudadanía democrática y las organizaciones sociales populares tienen que mantenerse alertas en todo momento, deben velar por su autonomía y continuar participando en el proceso. Debe haber consultas ciudadanas mediante plebiscito intermedio de carácter vinculante y plebiscitos locales no vinculantes, pero de discusión obligatoria por la Convención Constitucional. Los delegados y delegadas deberán rendir cuentas ante las organizaciones que levantaron sus candidaturas, retroalimentándose con los debates que se desarrollen en dichas instancias. Solo de esta manera y, reitero, manteniendo la movilización social, tendremos posibilidades de lograr cambios reales. De no ser así, la nueva Constitución solo contribuirá a legitimar un orden social y político profundamente repudiado por la inmensa mayoría de la población.