Por Andrea Slachevsky para CIPER

¿Puede votar una persona con demencia? La neuróloga Andrea Slachevsky explica cómo los nuevos descubrimientos ayudan a comprender cómo tomamos nuestras decisiones y reducen los espacios vetados para las personas declaradas interdictas. Estos avances los contrapone con la creencia de que votar es un acto de deliberación racional, afirmación discutible cuando los ciudadanos evalúan la competencia de los candidatos basándose en la cara, según un estudio de 2009.

El 25 de octubre depositaremos en las urnas un voto aprobando o rechazando la elaboración de una nueva Constitución. Podrán votar ese día todos los hombres y mujeres mayores de 18 años, chilenos y residentes, salvo aquellos privados de libertad y los que se encuentren interdictos. La interdicción es un acto judicial, solicitado usualmente por los parientes más cercanos del afectado, que le impide ejercer derechos y contraer obligaciones sin la autorización de la persona legalmente capaz que el juez designe. Entre otras limitaciones, el interdicto no puede administrar sus bienes, gestionar su dinero, realizar trámites legales y notariales ni ejercer el derecho a voto.

La ley contempla tres causales para la declaración de interdicción: la dilapidación repetida del patrimonio, la sordomudez que impida la comunicación -un fósil legislativo que aún no se ha modernizado- y la “demencia”, causal que la ley actual permite invocar cuando el afectado sufre de discapacidad mental. Si bien el uso que la ley hace aquí del término “demencia” está heredado de una legislación y un conocimiento médico que data del siglo XIX, en la práctica las demencias son una de las causas más comunes de interdicción. Sin embargo, cabe interrogarse si los trastornos cognitivos de las personas con demencia, que frecuentemente son declaradas interdictas porque han perdido la capacidad de gestionar su dinero y/o cobrar sus pensiones, justifican que se les prive del derecho a voto. En esta columna sostendremos que prohibirles votar transforma nuestra democracia en un espacio en que sólo algunos pueden participar y otros son excluidos en base a supuestos de escasa validez científica. Es negar a otros el derecho a ser ciudadanos. Para entender esto abordaremos qué son las demencias y qué implica la acción de votar.

¿QUÉ SON LAS DEMENCIAS?

Las demencias son un conjunto de enfermedades causadas por un daño cerebral, caracterizadas por un declive progresivo de las capacidades cognitivas, trastornos de la conducta y síntomas psicológicos, todos los cuales interfieren con la realización de las actividades de la vida diaria. En sus primeras etapas, las demencias afectan a las actividades de la vida diaria que permiten vivir de forma independiente, como la gestión del dinero o el uso de medios de transporte. El diagnóstico de demencia se establece cuando las dificultades en la realización de esas actividades son tales que la persona con demencia ya no puede desenvolverse por sí mismo y requiere la asistencia de terceros en el diario vivir. Las personas con demencias son incapaces de compensar sus dificultades en la vida diaria, a diferencia de personas con otro tipo de problemas, por ejemplo, discapacidades físicas.

Quizás una de las características más importantes de las demencias es el carácter progresivo del declive de las capacidades cognitivas, representado de manera dramática en los autorretratos del pintor estadounidense William Utermohlen, afectado por una demencia tipo Alzheimer. En estas piezas, pintadas entre finales de la década del ‘60 y el año 2002, la representación de su rostro cambia poco a poco, se hace más difusa y termina siendo irreconocible en sus últimos dibujos, cinco años antes de su muerte.

¿CÓMO DECIDIMOS?

Votar es tomar una decisión, es seleccionar una opción entre diferentes posibilidades, a veces pocas, a veces muy numerosas. ¿Cómo se evalúa la capacidad de decidir y seleccionar entre estas múltiples opciones? Podríamos suponer que existe una capacidad general de toma de decisiones, aplicable independientemente del tema, pero nos equivocaríamos completamente: tal capacidad general que permitiría establecer un “índice universal” de la capacidad de toma de decisión y selección, simplemente no existe. Esto se debe a que los recursos cognitivos y afectivos usados para la toma de decisiones varían en función del dominio en que se toma la decisión. La mayor parte de los conocimientos actuales sobre la toma de decisión en personas con demencia provienen del estudio de las decisiones en materia de salud, por ejemplo, la capacidad de dar un consentimiento informado para participar de un protocolo de investigación, de decidir someterse a un procedimiento médico de alto riesgo o a una intervención quirúrgica (para una revisión ver Arenas y Slachevsky en Revista Medica de Chile 2017). Gracias a estos estudios, se ha identificado un conjunto de criterios que permitirían establecer si una persona tiene la capacidad de tomar decisiones por sí sola en un dominio determinado. Primero, entender la temática sobre la que se toma la decisión; segundo, entender las consecuencias de la elección; tercero, poder justificar la elección; y, por último, mantener la elección en el tiempo. Estos criterios han sido extrapolados a otros dominios, tales como el voto.

DERECHO A VOTO Y DEMENCIA

La evolución del derecho a voto en Estados Unidos en personas con discapacidad refleja cómo ha cambiado la concepción sobre la capacidad de toma de decisión pasando de una interdicción general, aplicable a las personas “bajo custodia” por discapacidad por trastornos de salud mental u otras causas, a interdicciones en dominios específicos. Hasta 2001, quien estaba “bajo custodia”, estaba también privado del derecho a voto. Ese año, tres personas con discapacidad cognitiva solicitaron el derecho a voto en un tribunal federal. La corte falló a favor de los demandantes, estableciendo que se debe evaluar de manera individualizada la capacidad de voto de las personas “bajo custodia”. El fallo, conocido como el caso Caso Maine, Doe v. Rowe, establece dos parámetros para determinar el derecho a voto de estas personas: entender la naturaleza del voto y poder seleccionar una opción.

Basándose en los criterios de la corte, el psiquiatra Paul Appelbaum, de la Universidad de Columbia, propuso junto con sus colaboradores el instrumento Competence Assessment Tool for Voting (CAT-V) para evaluar la capacidad de voto en demencia. De manera esperable, el rendimiento en el CAT-V se asocia con el grado de deterioro cognitivo: a mayor deterioro cognitivo, menor capacidad de entender lo que significa votar y seleccionar. Pero un resultado muy interesante y no predicho de la aplicación de este test, es que no existe una correspondencia entre el deseo de votar y el rendimiento en el CAT-V: hay personas que no logran explicar el significado del voto o hacer una selección, pero mantienen su deseo de votar. Entonces, ¿es correcto establecer el derecho a participar de una elección exclusivamente sobre la base de la capacidad de entender qué es una elección y qué es votar? Votar no se reduce a una simple decisión: participar de una elección tiene un valor social. “Nos hace ciudadanos”, declaraba una persona con demencia al explicar por qué quería votar (ver video). Negar el derecho a voto a las personas con demencia es excluirlos de un ritual colectivo y negarles el derecho a ser ciudadanos.

Negar el derecho a voto a quienes no puedan explicar su significado podría justificarse si esto contribuyera a proteger la democracia: el voto nos hace partícipes de un colectivo, pero también nos permite incidir en la vida de los otros. Es la responsabilidad del voto a la que alude una ilustración de Mafalda, que, frente a un letrero que indica la cédula de identidad como requisito para votar, se pregunta: “¿Y la memoria?”. Esto abre una nueva disyuntiva: cómo preservar el derecho a votar y, a la vez, proteger la democracia.

Ciertamente, es muy difícil resolver esa disyuntiva si asumimos que el voto resulta de una deliberación racional. Los estudios sobre los procesos cognitivos que intervienen al votar sugieren, sin embargo, que este supuesto es erróneo. Por ejemplo, el psicólogo Alexander Todorov y Charles Ballee, de la Universidad de Princeton, mostraron en un artículo, publicado en 2008 en PNAS, que el juicio rápido de las personas sobre el rostro de los candidatos es uno de los principales predictores de la preferencia electoral. Los científicos John Antonakis y Olaf Dalgas, en un estudio publicado en Science en el 2009, mostraron que los adultos evalúan el grado de competencia de los candidatos de la misma manera que los niños: basándose en el rostro. Por otro lado, los neurocientistas Libby Jenke y Scott Huettel propusieron  en un estudio publicado en Trends in Cognitive Science el 2016 han mostrado que el sentido de pertenencia a un grupo es también un factor clave en la preferencia electoral. Claramente, aún falta mucha investigación sobre los procesos cognitivos y afectivos que intervienen al votar, pero la evidencia actualmente disponible sugiere que la gente sin deterioro cognitivo no es enteramente racional al votar. Como plantea George Lakoff en The Political Mind: Why You Can’t Understand 21st-century Politics with an 18th-century Brain,  sostener que el voto resulta de una deliberación racional es una falacia basada en una concepción obsoleta del ser humano como “actor racional”. Intentar proteger la idoneidad del voto, baluarte de la democracia, mediante la privación del derecho a voto de las personas con demencias, argumentando que no tienen las facultades cognitivas necesarias para tomar decisiones racionales, parece sustentarse en el imaginario obsoleto del cerebro racional del siglo XVIII al que Lakoff alude. Todo esto no quiere decir que las personas sin deterioro cognitivo no sepan votar, sino que el modelo del ser humano racional es insuficiente e incompleto y el proceso de toma de decisión al momento de votar es mucho más complejo que una “decisión racional”. Y si las personas sin deterioro cognitivo no eligen de acuerdo con criterios enteramente racionales, ¿quién puede asegurar que las capacidades necesarias para ejercer el derecho a voto están ausentes en las personas con demencia?

El argumento de la incapacidad ha sido usado históricamente para excluir a otros grupos: se negó en su momento el derecho a voto a las mujeres argumentando que carecían de ideas propias y que su voto iba a ser determinado por sus cónyuges o padres.

Quizás el mayor peligro para la democracia reside precisamente en la lógica de la exclusión, en “pensar en los «discapacitados» como «ellos», diferentes de  «nosotros», como un grupo de personas distintas y no como individuos como nosotros, en cuya situación nos hemos visto alguna vez, o nos vemos ahora, o probablemente nos veremos en el futuro”, como escribía en 2001 el filósofo Alasdair Macintyire en su libro Animales racionales y dependientesPor qué los seres humanos necesitamos las virtudes. En el Conversatorio Derecho a voto de las personas con demencia, realizado el primero de octubre de 2020, la actriz Paulina Urrutia, quien acompaña a Augusto Góngora, su pareja con demencia tipo Alzheimer, declaraba: “Las personas con demencia tienen derecho a participar de este ritual ciudadano, lo hagan bien o lo hagan mal. Cuánta gente raya el voto, hace dibujitos… hacerlo bien no es el tema” (ver video).

Prohibir el derecho a voto a quienes consideramos incapaces de votar transforma nuestra democracia en un espacio en que sólo algunos pueden participar y otros son excluidos en base a supuestos de escasa validez científica.  Al fin y al cabo, los escándalos electorales de Cambridge Analytics han mostrado fehacientemente cuán manipulables somos los “votantes racionales”. Más aún, el argumento de la incapacidad ha sido usado históricamente para excluir a otros grupos: se negó en su momento el derecho a voto a las mujeres argumentando que carecían de ideas propias y que su voto iba a ser determinado por sus cónyuges o padres.

Por eso mismo, probablemente no cuidaremos a la democracia excluyendo a quienes juzgamos incapaces de votar racionalmente. Quizás la cuidemos mejor si, parafraseando a Lakoff, estamos conscientes de que votamos “con cerebros del siglo XXI”, cerebros no tan racionales, fácilmente manipulables y sujetos a conflictos de interés, y que la fragilidad y vulnerabilidad son propias de lo humano y no exclusivas de un grupo.

Ciertamente, construiremos mejores democracias si, en vez de crear sociedades segregadas entre los que califican como ciudadanos y los que no, entre quienes merecen derechos y quienes no, intentamos que todos, por el solo hecho de ser humanos, seamos sujetos de derecho y respeto.

Este artículo es parte del proyecto CIPER/Académico, una iniciativa de CIPER que busca ser un puente entre la academia y el debate público, cumpliendo con uno de los objetivos fundacionales que inspiran a nuestro medio.

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