Por Mario Matus G. Departamento de Ciencias Históricas. Facultad de Filosofía y Humanidades

Cuando aún no se apagan los ecos de un triunfo abrumador, inédito en sus proporciones y en su significado para toda la Historia republicana de Chile, es momento de reflexionar sobre la segunda fase del Proceso Constituyente (la composición del órgano constituyente en abril de 2021), enumerar sus objetivos fundamentales, los nuevos peligros que la acechan y se deben conjurar, y los principios y criterios operativos básicos para lograrlo, de modo que en los meses que vienen podamos colaborar en esa dirección.

Para que el Proceso Constituyente siga avanzado hacia la construcción de una nueva arquitectura de reglas del juego se requiere que continúe exhibiendo elevados niveles de legitimidad y representatividad, de modo de anular a quienes desembozada o solapadamente continuarán intentando frenarlo o reducir su alcance transformador. Ambos rasgos seguirán dependiendo de su vínculo estrecho con una mayoría fácilmente perceptible -por lo tanto, con los mayores grados de unidad- pero también de su permanente interlocución y retroalimentación con una dinámica de permanente movilización, que mientras más masiva, transversal y pacífica sea, impedirá que la manipulación ostensible de los medios de comunicación y la acción retorcida de analistas palaciegos pueda erosionarla.

Pero la Segunda Fase también inserta exigencias nuevas. ¿Cómo transmitir legitimidad y representatividad al órgano que diseñará la nueva Carta Magna? Y cabe preguntarse ¿Basta que tenga legitimidad y representatividad o además requiere otros atributos?

Sostengo que en el contexto histórico en que se sitúa la formación del órgano constituyente se deben equilibrar y armonizar los principios de legitimidad/representatividad con el principio de idoneidad, mientras que de promoverse sólo una de estas dimensiones el órgano constituyente no exhibirá las capacidades básicas que requiere para cumplir la función a la que está llamado.

Para empezar, quienes integren este órgano deben ser personas idóneas al menos en dos sentidos. En primer término, no sería justo ni adecuado que ingresaran a él personas que de modo permanente y descarado han tratado de deslegitimar e impedir el Proceso Constituyente usando diversos argumentos falaces (que la violencia del estallido es una impronta que manchará cualquier Constitución que nazca de ella, que las reglas del juego previas al estallido son las únicas capaces de brindar estabilidad y cualquier intento de transformarlas es antidemocrático, que cualquier intento de canalizar un reventón popular es una maniobra para arrebatar al Bajo Pueblo su pulsión insurreccional, que propiciará una radicalización y confrontación que arrastrarán al país al abismo, entre los más escuchados). Todos identificamos a quienes han sostenido estos argumentos para bloquear el Proceso Constituyente, por lo que sólo basta repasar la información digital desde octubre de 2019 hasta las vísperas del reciente Plebiscito del 25 de octubre de 2020 para confirmar sus roles. Esas personas no deberían integrar este órgano y ni siquiera deberían exhibir impúdicamente sus vanas pretensiones de convertirse en constituyentes. Para impedirlo, es justo que la ciudadanía los desenmascare y exponga sus contradicciones, sin necesidad de llegar al extremo de generar una cacería contra ellos. Basta con mostrar sus trapos sucios.

Pero la idoneidad también se expresa en otras mínimas capacidades para aportar durante más de un año al trabajo de las comisiones constituyentes en la elaboración de capítulos temáticos fundamentales. Entre estas capacidades se encuentran la de escuchar, la de ser capaz de acopiar, procesar e interpretar mucha información, la de aportar argumentos documentados y dejarse convencer por argumentos contundentes de los demás, la de negociar cuando haya que encontrar equilibrios a principios en colisión y de acuerdo con el contexto histórico del país, y finalmente, la de colaborar a una redacción sencilla, clara y sucinta de las propuestas que se presentarán en el Plebiscito de Cierre. Como se podrá advertir fácilmente, muchas de estas capacidades pueden ser englobadas bajo el concepto de capacidades políticas, que no todas las personas tienen. Por el contrario, muchas personas son prisioneras de un dogmatismo sectario que les impide siquiera escuchar (sólo están dispuestos a oír lo que se ajusta a sus ideas previas), muchas no son capaces de manejar y organizar un considerable volumen de insumos de información, menos son capaces de procesar de modo adecuado esa voluminosa información para convertirla en síntesis complejas -que estarán plagadas de debates y discusiones de todo tipo- y quienes hayan logrado desempeñar adecuadamente estas funciones no siempre serán capaces de ceder para que otros cedan y así encontrar una solución equilibrada, que concilie las demandas con los horizontes de materialización. Finalmente, serán muy pocos los que terminarán redactando cada uno de los artículos, para someterlos a revisión y mejora.  

Pero sería un gigantesco error circunscribir la elección de los constituyentes solamente al principio de idoneidad. Lo que ha gestado este Proceso Constituyente es un indefinido, inabarcable e insondable proceso de Ira Social, que, no obstante podamos identificar algunos de sus componentes, se expresa en una inapelable actitud de desconfianza ante todo lo que represente formalmente al poder (partidos políticos, sindicatos, órganos del Estado, Medios de Comunicación, y por supuesto, figuras o famosos identificados con el establishment, y cuyo crédito se ha venido al suelo). Desde una visión errónea podríamos percibir estas actitudes como meramente ingenuas y muy volátiles, y algo de ello es cierto, pero son las que han impulsado y caracterizado esta revuelta ciudadana y debemos tratar de comprenderlas como el resultado de décadas de desafección, frustración, corrupción y abuso generalizado.

Adicionalmente, la mayor parte de la ciudadanía no anda muy descaminada cuando se verifican cotidianamente patéticos y retorcidos intentos por parte de personas y grupos interesados o malintencionados, por torcer el espíritu del proceso. Es evidente que, si el órgano constituyente es integrado en su mayoría por este tipo de agentes, la posibilidad de que capturen el proceso es muy elevada.

De ahí que la elección de los constituyentes debe garantizar que la ciudadanía se vea reflejada en el órgano que los reunirá y, por ningún motivo debe quedar la sensación de que quienes los conformaron en su mayoría son ilegítimos y no la representan. Por cierto, falta mucho para cumplir estos principios. Si bien ya se ha conseguido establecer -por primera vez en la Historia- su carácter paritario de género, se requiere garantizar un número importante de escaños reservados a pueblos originarios, y por último, es prioritario para garantizar una representación legitimada, que pueda incorporarse el mayor número de independientes, ya sea por la vía de porcentajes voluminosos establecidos por los partidos, o mejor aún, por un mayor número presentándose fuera de los partidos, para lo cual se requiere legislar para que puedan sumar sus votos en una lista única. El ultimo objetivo, de carácter crítico, está pendiente, y como se ha dicho reiteradamente, la movilización y la presión social será lo único que podrá garantizarlo.

En consecuencia, la tarea fundamental de este período consistirá en diseñar y ejecutar todas las acciones que sean necesarias para lograr que el órgano constituyente quede conformado por una clara mayoría de personas que se merezca ese sitial y que refleje -desde la mayor transversalidad- aquella preciosa heterogeneidad que nos ha llevado a este punto. No basta que sean independientes. Se requiere que hayan impulsado este proceso y que junto, a personas valiosas y competentes que provengan de partidos que han aportado al proceso, puedan realmente marcar esta nueva fase.