Por Rodrigo Karmy para La Voz de los que Sobran

Con la separación tajante entre política y economía la actual Constitución consagró la primacía del neoliberalismo como racionalidad gubernamental del capital financiero y de su clase “rentista”. De manera más precisa: posibilitó la sustracción del Banco Central a cualquier control democrático y, al consagrar –en el sentido de volver “sagrado”- la subsunción de la política a la economía, terminó por hacer imposible la modificación de la estructura subsidiaria del Estado chileno.

El artículo 108 de la Constitución Política de 1980 especifica el lugar del Banco Central: “Existirá un organismo autónomo con patrimonio propio, de carácter técnico, denominado Banco Central, cuya composición, organización, funciones y atribuciones determinará una ley orgánica constitucional.” No me interesa centrarme en los aspectos jurídicos o económicos de este artículo de la Constitución, sino más bien, cuestionar sus presupuestos filosóficos y políticos, más bien, destituir el montaje, mostrar su genealogía. Habitualmente por “técnico” se designa la aquella instancia exenta de “ideología”, el lugar que está más allá toda política, en suma, se trata de un organismo “autónomo”. Una afirmación como ésta podría leerse de diferentes modos.

Pero en una Constitución como la de 1980 que fue elaborada por una secta llamada neoliberal (los Chicago Boys),la posición “técnica” del Banco Central expone sintomáticamente al esqueleto del “modelo”. Porque, si este último consiste en la subrogación de la política a la economía, de toda “ideología” a la “técnica”, entonces la afamada “autonomía” del Banco Central no constituye una posición simplemente “técnica” sino ante todo una decisión política. Una política que ideológicamente toma los colores de la técnica y no de cualquiera: la “técnica” aquí en vista es la política propiamente neoliberal.

Subsumir la política a la economía –que es justamente la premisa de la razón neoliberal- consiste en economizar al Estado obligando, de facto, a cualquier gobierno, independientemente de su color ideológico, a asumir al neoliberalismo como única política posible. En otras palabras, los términos “técnico” y “autonomía” expresan la naturalización de la racionalidad neoliberal inserta en la Constitución que subroga la política a la economía, o, lo que es igual, el Estado al Capital.

Pero, más aún: los dos términos articulan un discurso que plantea a la economía como una esfera neutral que, como tal, no debería ser instrumentalizada por ninguna de las posiciones que pudiera asumir el poder político. En una curiosa bipartición que nos conduce genealógicamente a la tradición aristotélica, según la cual, filosofía y política constituyen esferas separadas donde la primera remite a la contemplación de la invariabilidad del “ser” y la segunda a la práctica que asume el fragor de la “contingencia”, el discurso articulado por el texto constitucional de 1980 sustituye a la otrora “filosofía” planteada por la tradición aristotélica por la “economía” atribuyéndole a ésta última los mágicos poderes de un saber eterno y propiamente natural.

El paso de la filosofía a la economía no ha sido realizado exclusivamente por la secta neoliberal que se apropió del Estado de Chile, sino de un largo proceso genealógico impulsado por la tradición cristiana que, como ha sido visto, resignificó la noción aristotélica de “oikonomía” (la “ley de lo doméstico”) como la salvación o libertad que Dios proveía a los hombres en la historia[1]. La signatura teológica es fundamental en este sentido porque, de algún modo, la elevación del Banco Central a una posición que está por sobre la esfera política cristaliza esta larga tradición e implícitamente, porta consigo el supuesto ethos salvífico o “libertario” que otrora los propios Padres de la Iglesia ya habían atribuido a la oikonomía.

A esta luz, el implícito que contiene este artículo sobre la posición “técnica” y “autónoma” del Banco Central, es que el saber económico sería una “ciencia” divina cuyo saber estaría por sobre la contingencia que experimentan los mortales. Una posición teológica que sitúa al Banco Central como parte del nuevo reino de los cielos y a la economía como un mecanismo propiamente “divino” cuyos pastores –los economistas- circunscribirían a una dimensión administrativa o, si se quiere, angelológica que gobierna providencial y  culpógenamente (a través de la deuda) los destinos del mundo: la economía remitiría a un campo puramente “técnico” sin prejuicios de ninguna clase; la política, en cambio, sería el lugar del conflicto pleno de prejuicios y riesgos que pueden conducir al “totalitarismo” (así se expresa en el propio texto constitucional en varios pasajes).

Toda una fábula se condensa aquí: habría sido la política –en lo que ésta tiene de anti-cientificismo y de caducidad propia de su carácter contingente- la que habría conducido al país al desastre de 1973. Por eso, la economía debe funcionar como su contención neutralizante, su dispositivo de control, es decir, como el marco que garantizaría la libertad de las personas, más allá del Estado: la premisa liberal encuentra su soporte en la teología providencial.

La “lección” de 1973 se plasma, entonces en la fábula anudada en el texto constitucional: cuando la política está por sobre la economía (cuando el Estado puede estatizar la economía), todo termina en un desastre. El Estado, la política y lo social, por tanto, devienen el “mal”. El Capital, la economía y la individualidad se erigen como el “bien”. La “lección moral” a la que apelaba Allende en su último discurso atrincherado en La Moneda, se inscribe enteramente invertida: no fue la secta financiera ordenar a los militares a realizar el golpe de Estado, sino la consumación del “mal” realizado por la Unidad Popular, pero articulado estructuralmente en una Constitución que otorgaba al Estado el lugar del “bien”.

Por eso, la nueva Constitución de 1980 se esfuerza en garantizar la autonomía de la economía y, en particular, la subsunción del Estado al Capital, así como el mundo debe operar bajo los designios divinos. La teología económica implícita en esta Constitución y desplegada en la secta neoliberal, se sintomatiza en el principio que garantiza la “autonomía” del Banco Central.

Con la separación tajante entre política y economía la actual Constitución consagró la primacía del neoliberalismo como racionalidad gubernamental del capital financiero y de su clase “rentista”. De manera más precisa: posibilitó la sustracción del Banco Central a cualquier control democrático y, al consagrar –en el sentido de volver “sagrado”- la subsunción de la política a la economía, terminó por hacer imposible la modificación de la estructura subsidiaria del Estado chileno.

En otros términos, el tipo de “autonomía” otorgada al Banco Central presupone un asunto de mucha mayor envergadura que condensa la problemática neoliberal en sentido estricto: al resguardar la economía de todo intervencionismo, consolida la matriz subsidiaria del Estado chileno e impide cualquier apuesta por un intervencionismo estatal (un neokeynesianismo mínimo) que realice ciertas reformas sustantivas que cristalicen los “derechos sociales” que la futura Constitución estipule. En otros términos, si la Nueva Constitución lleva consigo la exigencia de “derechos sociales” resulta imprescindible que modifique sustantivamente el lugar del Banco Central, poniendo en cuestión su autonomía. No cualquier “autonomía”, sino la autonomía en su forma neoliberal- por cierto. Sin esto último resultará imposible pensar siquiera en inscribir dichos derechos y abrir, a través de la Constitución, una verdadera lucha anti-capitalista.

Se trata de desarticular los hilos que traman la autonomía del Banco Central, atender la signatura teológica y mostrar sus efectos prácticos: si no pretendemos tener una Nueva Constitución que avale democráticamente una “vieja economía” y mantenga “constitucionalizada” a la razón neoliberal, resulta imprescindible problematizar la autonomía del Banco Central porque ésta no se planteó como un asunto simplemente “técnico”, sino como un signo propiamente ideológico que vertebra a la gobernanza neoliberal e impide su control democrático.

Agudizar la imaginación popular significa, entre otras cosas, actuar políticamente, en la intempestividad de la destitución. Solo así podremos cuestionar la ilusión de “neutralidad” con la que se ha situado a la economía y a la que, el actual texto constitucional, la ha investido de sacralidad. Desconstitucionalizar al neoliberalismo, introducir referencias constitucionales de carácter popular implica, ante todo, cuestionar dicha “autonomía” y mostrar que ella no resguarda la “seriedad” de la institución, sino más bien, la eficacia ideológica del Capital.


[1] Véase Giorgio Agamben Il Regno e la Gloria (2007); Elettra Stimilli Il debito del vivente (2014)