Por Mario Matus G. para Blog AAU

A pocos días de la elección de constituyentes el próximo sábado 15 y domingo 16 de mayo de 2021 se hace necesario recapitular las dinámicas que caracterizan el contexto que la rodea y el hito que representa la elección dentro del proceso político en curso.

La primera y la más esencial dinámica es la sanitaria, que consiste en si acaso lograremos contener en estos meses el peligro de mayores contagios y muertes, y si a través de la vacunación a una gran mayoría de la población, podremos aspirar a una segunda mitad del año con menores peligros, la esperanza de una plena recuperación de las actividades productivas y de nuestras vidas cotidianas, luego de los innumerables trastornos y sacrificios que ha implicado un prolongado confinamiento. En este punto no pueden existir ambigüedades. Es fundamental que el proceso de vacunación se siga masificando y será crítico convencer a los grupos escépticos para que se sumen a este esfuerzo. El desafío sigue siendo evitar que los servicios de salud sigan a tope y que colapsen, dado que eso obligaría a reponer nuevos períodos de confinamiento, que retardarían significativamente la recuperación de las actividades presenciales, prolongarían la fragilidad presupuestaria de la mayoría de las familias y postergarían el regreso de la ciudadanía a una actitud política más activa.

En cuanto a la dinámica económica, de aquí hasta el reinicio de la recuperación de las actividades presenciales no terminará del todo la fase contractiva y no se consolidará la fase expansiva, aunque se han venido observando señales parciales de recuperación en algunas actividades transables (bienes dirigidos al mercado externo). Pero debemos ser prudentes con el alcance temporal limitado que pueden tener estas señales y no asignarles una continuidad garantizada. En este ámbito, probablemente lo más importante es velar por políticas fiscales responsables, entendiendo como tales las acciones destinadas a recaudar ingresos como las acciones dirigidas a dimensionar y direccionar los gastos. Hay algunas políticas que parecen ser bastante claras y que van en línea con lo que se está haciendo en gran parte del planeta en estos momentos. Se sabe, por ejemplo, que ante el derrumbe de la oferta y la demanda durante buena parte de 2020 y su recuperación sólo parcial en lo que va de 2021, la expansión del Gasto Público debe cumplir un rol estabilizador de la demanda agregada y de la oferta agregada. Pero también se sabe que eso no se puede prolongar indefinidamente, y que apenas se reinicie la recuperación, el gasto atípico (aquél que tiene que ver más con la pandemia que con los grandes acuerdos que se materializarán a partir de una Nueva Constitución y sus derivados) deberá ir reduciéndose. Estamos en una etapa de gasto inusualmente elevado, pero justificado. ¿Y los nuevos gastos que la mayor parte de la sociedad demanda del Estado? Para materializarlos habrá que buscar ingresos fiscales adicionales y permanentes, de modo que las inusuales políticas de gasto fiscal durante la pandemia deberán dar paso a nuevas políticas de ingreso y gasto fiscal permanente luego que ella vaya cediendo. 

De aquí brotan algunas recomendaciones. Las tres grandes fuentes de financiamiento fiscal han sido históricamente la emisión monetaria, el endeudamiento (interno y externo) y la elevación de la carga fiscal (impuestos). Sus recientes aprendizajes fiscales y monetarios le permiten a Chile no estar obligado a echar mano de emisión monetaria sin respaldo, evitando así consecuencias catastróficas en el largo plazo (déficit fiscal e inflación desbordados). Por otro lado, dada la caída de una buena parte de la actividad productiva, del desfinanciamiento empresarial (de la gran mayoría de las empresas, que son MiPymes) y de sus efectos en el desempleo (que aún sigue siendo importante) sería un suicidio elevar los impuestos sobre los beneficios a la mayor parte de las empresas, pero si se podrían elevar circunstancialmente a mayores empresas y a mayores rentas. Sin duda, hay muchas otras buenas innovaciones que se podrían hacer en materia de impuestos, pero lo que no hay que perder de vista es que su mejor momento es cuando se reinicie la fase de recuperación (que coincidirá con la discusión constitucional) y no ahora, cuando se requiere con urgencia que el mayor número de empresas vuelva a operar y a contratar. Sin duda, apenas se salga de esta fase contractiva, hay que encontrar royalties mineros apropiados, eliminar una maraña de exenciones impositivas injustificadas y subsidios privilegiados y elevar significativamente proporcionalmente la carga impositiva a todos los que perciban más de $ 1,2 millones mensuales (no hay otra forma de financiar las demandas que se exigen). Si esto es lo que se puede hacer con la emisión y los impuestos por ahora, queda el gran expediente del endeudamiento a través de bonos soberanos, área en que la economía chilena cuenta con una margen importante de credibilidad y cumplimiento, en la medida que éste se vea acompañado por la reanudación de mecanismos de estabilización fiscal apenas se reinicie la fase expansiva. Mientras la deuda y el déficit fiscal ocupen un porcentaje razonable del PIB y de las exportaciones, Chile puede diseñar un escenario razonable de déficit en el corto plazo y de equilibrio en el mediano y largo plazo.

Pero no cabe duda de que la dinámica más volátil en estos momentos no es ni la sanitaria ni la económica, sino más bien la política, ya que el Gobierno dejó de gobernar desde fines de 2019 y lo que viene gobernando realmente al país desde esa fecha es una especie de equilibrio precario entre el poder ejecutivo y el poder legislativo, vigilados con desconfianza por una ciudadanía atenta.

Es comprensible que este escenario tripolar genere confusión, múltiples comportamientos centrífugos y todo tipo de incertidumbres, ya que es un estado raro, en el que estas fuerzas con capacidad de poder real se miden y asumen que ninguna está en condiciones de tomar una plena conducción. Así y todo, esta especie de contrato inerte aparentemente resulta ser la mejor opción para todos, al menos en las circunstancias actuales de confinamiento pandémico, precarización de muchas familias y la ausencia de mejores fórmulas alternativas para canalizar el bloqueo político. De tal modo, las elecciones del 15 y 16 de mayo se presentan como un escenario inmejorable para medir fuerzas y para que se reordene la baraja de alianzas y proyectos. 

Además, la reciente torpeza del Gobierno ha revitalizado y expandido el significado político de los resultados del 15 y 16 de mayo. Cuando la miopía y la mezquindad que se adueñó de los distintos grupos opositores auguraba que la Derecha obtendría entre un 40-45% del total de constituyentes y con ello, obtendría un poder de veto mucho mayor que el tercio que quitaba al sueño a algunos escépticos del proceso constituyente, la tozudez y la arrogancia tecnócrata del Comité Político de Piñera logró posicionar a estas elecciones como un verdadero referéndum sobre políticas sociales, empezando por aquellas que hoy parecen más urgentes y que se conectan claramente ante la ciudadanía con la urgente necesidad de un Estado más acogedor  solidario a partir de la Nueva Constitución. Y dado que ese tema estará muy presente en las elecciones, no es aventurado suponer que las mezquinas actuaciones fiscales del Gobierno le pasarán la cuenta a todos aquellos postulantes que se presenten desde las filas de la Derecha. En ese marco, no sería extraño que la Derecha obtuviera menos de un 33% de los constituyentes.

Es así como la peor pesadilla de la Derecha ha vuelto al ruedo: una Constitución escrita paritariamente, con escaños reservados a los pueblos originarios (y ojalá con varios independientes), pero más importante que todo lo anterior, escrita por representantes que en su gran mayoría no provendrán de ese sector. Todo gracias a lo que podríamos denominar Síndrome de Varennes por parte de Piñera (una desafortunada jugada de Luis XVI que terminó costándole la cabeza). Pero eso también nos obliga a concentrarnos para no caer en un TDAH político (Trastorno por déficit de atención con hiperactividad), consecuencia de aceptar ofertones demagógicos o de magnificar fuerzas imaginarias. No es momento de candidaturas presidenciales ni de revoluciones populares. Es momento de elegir a una mayoría constituyente.